SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA.

La financiación autonómica que se aplica en España se rige por la Ley 21/2001, de 27 de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades autónomas de régimen común. Esta ley, propuesta y aprobada por el gobierno del Partido Popular, a partir del documento conocido como “modelo Zaplana”, nació con una notable falta de previsión que ha perjudicado notablemente a la Comunidad Valenciana.
Para la implantación de la financiación autonómica se tomó como 1999 como año base, y no se incorporó ninguna cláusula que obligara a actualizar los datos como los incrementos de población. Además se incorporó la sanidad al sistema general de financiación, a diferencia de los sistemas anteriores en los que se calculaba separadamente. Sin embargo, con la llegada al Gobierno de España del Partido Socialista se comenzó por primera vez a abordar los problemas generados por la falta de actuación del gobierno del PP. El Gobierno socialista, tras la II Conferencia de Presidentes, transfirió a la Generalitat (la más beneficiada de la financiación complementaria) una aportación extraordinaria, para 2007, de 1.096 millones de euros adicionales. Fue entonces el Gobierno socialista quien aplicó aportaciones complementarias a la financiación sanitaria para corregir los efectos negativos generados por el sistema de financiación. Y a pesar de ello, por la mala gestión del PP, la valenciana sigue siendo la última comunidad en indicadores de calidad sanitarios (número de camas por 1.000 habitantes, etc.). Este sistema de financiación ha sido malo para nuestra Comunidad desde su implantación en 2002. Y en esos años de gobierno popular, la Generalitat no ha protestado por la discriminación del Gobierno del PP a todos los valencianos. Pedir ahora 500 millones extra es alargar la ineficacia de un gobierno autonómico que se caracteriza por descuidar los servicios públicos esenciales.Frente a ello, los socialistas sí que estamos a favor de una revisión del modelo de financiación que parta de los siguientes principios:

- Que garantice la nivelación de educación, sanidad y servicios sociales para toda España.
- Que asegure la suficiencia del sistema, la equidad y la nivelación, de forma que garantice que todas las CCAA puedan prestar los servicios sociales esenciales del Estado del bienestar a unos niveles similares, siempre que realicen un esfuerzo fiscal similar.
- Para determinar las necesidades financieras en los distintos territorios, deben tenerse en cuenta todos los factores que determinan los costes efectivos de los servicios. Por tanto, deben considerarse, además del número de habitantes, otros factores determinantes.
- El nuevo modelo de financiación debe ser más equitativo que el actual, sobre la base del establecimiento de unos criterios más realistas de reparto de las disponibilidades presupuestarias y de incentivos para estimular el crecimiento económico y la capacidad de creación de riqueza de cada comunidad autónoma.
- El nuevo modelo debe ser válido a largo plazo, para lo cual debe prever mecanismos de actualización periódica.

Se trata, en definitiva, de apostar por un modelo que reconozca el peso de la Comunidad Valenciana en España. Y eso independientemente de las aportaciones complementarias realizadas por el Gobierno de España y sus inversiones en nuestra Comunidad, durante la última legislatura, superiores en casi un 90% a las del anterior Gobierno del PP. Un compromiso del Gobierno de España y una apuesta de futuro en la Comunitat Valenciana. Otra de las aportaciones para subsanar las desigualdades entre CCAA es el Fondo de Compensación Interterritorial, cuya principal beneficiaria en 2008 es la Comunidad Valenciana, con un importe de casi 117 millones de euros: un incremento del 21,9% respecto a 2007, con el que el Gobierno socialista ha primado a la Comunitat Valenciana a fin de saldar el déficit de inversiones en que nos sumió el Gobierno de Aznar.
El actual sistema de financiación autonómica ha sido malo para nuestra Comunidad desde su implantación en 2002 y nos ha causado graves problemas. Sin embargo, en esos años de Gobierno popular de la Generalitat no protestó por la discriminación que suponía para los valencianos. ¿Por qué no dijeron nada entonces? ¿Por qué no denunciaron entonces la falta de financiación para una población que ya había aumentado en 300.000 habitantes? Simplemente, no se atrevieron a enmendarle la plana a Aznar. El Consell solicita ahora un nuevo sistema de financiación autonómica, sin presentar ninguna propuesta concreta ni ningún estudio de necesidades. Es pues una nueva forma de enmascarar la falta de programa de gobierno y sus deficiencias en la defensa de los derechos de los valencianos. El PP solicita al Gobierno que destine 500 millones de euros extra para financiar los servicios educativos, sanitarios y de bienestar social que presta la Generalitat. Pero habría que preguntarse en qué se basan para solicitar 500 millones y no otra cantidad. No hay previsión objetiva por parte del PP en financiación sino que se trata de una campaña más de confrontación y desprestigio al Gobierno de España con el único fin partidista de siempre. Pedir 500 millones extra es alargar la ineficacia de un gobierno autonómico que se caracteriza por descuidar los servicios públicos esenciales. Camps renuncia a presentar propuesta propia pero pide 500 millones más sin cálculo alguno.
El PP en la Comunitat Valenciana habla de lealtad institucional cuando es éste el que vulnera este principio boicoteando derechos básicos como la Ley de la Dependencia, en la que el Gobierno socialista ha invertido más de 180 millones de euros y la Generalitat todavía no ha evaluado las más de 30.000 solicitudes presentadas en toda la Comunitat Valenciana. Para los socialistas valencianos, la creación del Fondo de Cooperación Municipal es de una urgencia francamente indiscutible. Los ayuntamientos valencianos necesitan, como mínimo, equipararse a los demás ayuntamientos españoles que ya disfrutan de la financiación de sus respectivas CCAA. Somos los únicos que no tenemos legislado el Fondo de Cooperación Municipal. Un Fondo equitativo y transparente donde se verá el destino de los recursos y de su gestión, desterrando para siempre el reparto discrecional y clientelar que hasta ahora se ha hecho. Por todo ello, los socialistas valencianos instamos a la Generalitat Valenciana a la creación del Fondo de Cooperación Municipal, de no menos de 300 millones de euros, para garantizar la suficiencia financiera de los Ayuntamientos, el equilibrio y convergencia territorial y la estabilidad de las haciendas locales, para la defensa de los derechos de los valencianos.