Los consistorios deberán hacer frente a “enormes gastos” responsabilidad de la Generalitat

El responsable de Política Municipal de los Socialistas Valencianos, José María Ángel, ha instado hoy a los consistorios a oponerse a la entrada en vigor del Artículo 102 del proyecto de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2010, ante “los previsibles y desastrosos efectos que podría tener para los ayuntamientos valencianos”. “Es una novedosa medida que puede suponer un grave quebranto a las ya actualmente mermadas arcas municipales”.

Ángel ha explicado que ese artículo, “casi seguro” entrará en vigor el próximo 1 de enero, establece que, en el caso de obras públicas ejecutadas por la Conselleria de Infraestructuras y Transportes, los Ayuntamientos serán los obligados a sufragar, a su exclusivo cargo económico, los costes de los trabajos de reposición de todos los servicios o “determinadas actuaciones”, según indica el propio artículo, que sean afectados por la actuación de la Generalitat. Así, entre los trabajos que realizaría Infraestructuras se podrían encontrar carreteras, protección de costas o infraestructuras ferroviarias de todo tipo, mientras que los consistorios deberían hacerse cargo de la reposición de servicios como agua, gas o suministro eléctrico. “Es absolutamente inadmisible”.

De la misma manera, ha hecho hincapié en que ello comportaría “enormes gastos para los ayuntamientos” que, en ocasiones, “podrían suponer importes cercanos al coste de la propia obra civil”.

Así mismo, ha denunciado que esa modificación legal “puede estar suponiendo de facto una delegación encubierta e indebida por parte de la Administración autonómica valenciana del ejercicio de competencias que le son propias”. “Lo que está haciendo el Gobierno de Francisco Camps es trasladar sus obligaciones a los ayuntamientos”.

Además, ha declarado que esa actuación supondría una infracción del artículo 27.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local español, que impide establecer una delegación forzosa de competencias a los Entes Locales por parte del Estado o de una Comunidad Autónoma, sin establecer simultáneamente la oportuna contraprestación.

“Es urgente que los ayuntamientos valencianos reaccionen ya, pues de no ser así, saldrán indiscutiblemente muy perjudicados”, ha manifestado Ángel. Por ello, ha reclamado la retirada de la previsión contenida en el artículo 102 y ha instado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias que “tome una posición pública y oficial para que se haga efectiva esa eliminación” del mencionado texto.

Por último, ha instado también a los grupos políticos representados en las Corts a que “de mantenerse por el Gobierno valenciano el proyecto de ley en su actual redacción, procedan a proponer y aprobar las oportunas enmiendas que permitan la eliminación de dicha previsión legal”.